La organización indígena propone ordenar el funcionamiento de la Mesa Regional mediante grupos de trabajo y sesiones plenarias que permitan asumir compromisos, dar seguimiento a los avances y promover respuestas frente a las causas estructurales de las amenazas.
Establecer responsabilidades claras, dar seguimiento a los compromisos institucionales y generar resultados concretos frente a las amenazas contra quienes defienden los derechos humanos y el territorio son algunos de los objetivos que impulsan a la Central Asháninka del Río Ene (CARE) a promover un reglamento interno para la Mesa Regional de Junín para la Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos.
Aunque este espacio fue creado mediante la Ordenanza Regional N.º 401-2024-GRJ/CR para articular a instituciones del Estado, organizaciones indígenas y sociedad civil, aún no cuenta con un reglamento interno aprobado que oriente su funcionamiento. Para la CARE, esta situación dificulta dinamizar el trabajo conjunto y avanzar hacia respuestas concretas frente a los factores que generan situaciones de riesgo para las personas defensoras.
Al respecto, Irupé Cañari Aragón, asesora legal de la CARE, señala que se necesita un reglamento que dinamice el funcionamiento de la Mesa, establezca compromisos y permita hacer seguimiento a su cumplimiento. “La finalidad es obtener resultados frente a las causas estructurales que generan situaciones de riesgo y amenazas contra las personas defensoras de derechos humanos”, afirma.
La organización indígena ha presentado una propuesta que busca establecer cómo funcionará la Mesa, cómo se organizará la participación de sus integrantes y de qué manera se asumirán y supervisarán los compromisos acordados. El objetivo es que la coordinación interinstitucional contribuya a prevenir amenazas y abordar las causas que ponen en riesgo a quienes defienden los derechos humanos y ambientales en Junín.
Una Mesa con mecanismos de trabajo y seguimiento
Uno de los principales planteamientos de la CARE es organizar el trabajo de la Mesa mediante dos modalidades complementarias: grupos de trabajo y sesiones plenarias.
Los grupos permitirían que las instituciones y organizaciones participantes coordinen de manera más frecuente, incluso mediante reuniones virtuales, asuman compromisos según sus competencias y realicen seguimiento a su cumplimiento. Las sesiones plenarias, por su parte, reunirían a los integrantes para abordar decisiones de mayor alcance y conocer los avances de los grupos.
“Los grupos de trabajo permitirían una coordinación más constante entre las instituciones, con compromisos concretos y mecanismos para monitorear sus avances. Las sesiones plenarias servirían para evaluar esos avances y tomar decisiones que involucren a todos los miembros de la Mesa”, explica Ángel Pedro Valerio, presidente de la CARE.
Como parte de esta propuesta, la CARE plantea cuatro grupos de trabajo: Justicia y Garantías; Clima y Recursos Naturales; Territorio; y Productivo. Estos espacios permitirían abordar distintas dimensiones de los riesgos que enfrentan las personas defensoras y facilitar la coordinación entre las entidades responsables.
La propuesta también busca fortalecer la participación de las organizaciones indígenas y de la sociedad civil, así como promover principios de interculturalidad, confidencialidad, debida diligencia y no criminalización de las personas defensoras.
Una propuesta que continúa en revisión
El reglamento interno aún no ha sido aprobado. En setiembre de 2026, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos informó que trabajaba en una propuesta de modificación de la ordenanza regional que creó la Mesa, por lo que la elaboración del reglamento debe guardar correspondencia con ese proceso.
Mientras se revisa el marco normativo, el desafío es definir mecanismos que permitan a los integrantes de la Mesa coordinar de forma sostenida, establecer responsabilidades y verificar el cumplimiento de los acuerdos.
Para CARE, contar con reglas claras de funcionamiento es un paso necesario para fortalecer este espacio regional. El reto es que la articulación entre instituciones, organizaciones indígenas y sociedad civil se traduzca en acciones concretas de prevención y protección, capaces de responder a las amenazas y abordar los factores que las originan.
