La organización indígena CARE propone instalar una Fiscalía Ambiental y fortalecer la prevención de incendios forestales en los territorios indígenas.
Los incendios forestales destruyen bosques y biodiversidad, y ponen en riesgo los territorios y la seguridad de los pueblos indígenas. En Satipo, enfrentar esta problemática exige no solo apagar las llamas, sino también prevenir nuevas emergencias e investigar los posibles delitos ambientales.
El incendio registrado en la comunidad nativa de Cutivireni, distrito de Río Tambo, que afectó más de 2500 hectáreas de territorio asháninka, evidencia la magnitud del problema. Ante los riesgos climáticos previstos para los próximos meses, la Central Asháninka del Río Ene (CARE) plantea fortalecer la prevención mediante una política de Manejo Integral del Fuego y la creación de una Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) en Satipo.
La necesidad de fortalecer la respuesta del Estado
A través de la estrategia PAAMARI, CARE combina conocimientos ancestrales, herramientas técnicas y capacidades comunitarias para prevenir incendios, detectar riesgos y responder ante emergencias. En la cuenca del río Ene, los registros de la organización muestran una reducción de los incendios. En 2023 se reportaron 25 que afectaron más de 2600 hectáreas; en 2024, nueve incendios y alrededor de 492 hectáreas afectadas; y en 2025 no se registraron incendios forestales.
Actualmente, PAAMARI cuenta con 75 brigadistas comunitarios organizados en nueve cuadrillas y 19 instructores-facilitadores, cuyo conocimiento del territorio contribuye a identificar amenazas y actuar oportunamente.
Sin embargo, la prevención no puede recaer únicamente en las comunidades. Se necesita una respuesta coordinada de las instituciones públicas que priorice la prevención, la atención de emergencias y la recuperación de las áreas afectadas. También se requiere investigar los hechos cuando existan indicios de delitos ambientales.
Una FEMA en Satipo para acercar la justicia
CARE formalizó ante la Fiscalía de la Nación la solicitud de crear una FEMA en Satipo mediante el Oficio N.º 0313-2026-P/CARE, del 18 de setiembre de 2026. La propuesta busca fortalecer la investigación y persecución de los delitos ambientales, así como reducir las dificultades logísticas que implica atender los casos desde Chanchamayo.
En una provincia extensa, con comunidades ubicadas en zonas de difícil acceso, la distancia puede dificultar las diligencias y retrasar la intervención de las instituciones competentes. Una fiscalía en Satipo permitiría acercar la justicia ambiental a los pueblos indígenas y facilitar la atención de denuncias relacionadas con la afectación de sus bosques, ríos y otros recursos naturales.
Las cifras oficiales evidencian la presión sobre el territorio. Según información del Programa Nacional Bosques del Ministerio del Ambiente, los distritos de Mazamari, Pangoa y Río Tambo han registrado importantes pérdidas de cobertura boscosa. Asimismo, entre 2021 y 2026, la Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre de Selva Central reportó 116 procedimientos administrativos sancionadores en Satipo y el decomiso de más de 553 mil pies tablares de madera.
Estos registros no implican que toda pérdida de bosque o infracción administrativa constituya un delito. No obstante, refuerzan la necesidad de contar con instituciones que puedan evaluar los hechos, realizar diligencias en campo y determinar si existen responsabilidades penales.
En el caso de los incendios forestales, una investigación oportuna permitiría esclarecer su origen y establecer si existen indicios de conductas delictivas. No todos los incendios tienen necesariamente un origen criminal, por ello, es fundamental distinguir entre las causas naturales, las quemas que escapan de control y los hechos que pudieran constituir delitos ambientales.
Prevenir, investigar y proteger el territorio indígena
La prevención de incendios y la investigación de delitos ambientales cumplen funciones distintas, pero complementarias. El Manejo Integral del Fuego busca reducir riesgos, promover prácticas seguras y fortalecer las capacidades comunitarias; la justicia ambiental debe garantizar que los posibles delitos sean investigados y que las responsabilidades se determinen conforme a ley.
Ambos esfuerzos requieren reconocer el papel de los pueblos indígenas, cuyo conocimiento del territorio contribuye a detectar amenazas y proteger los bosques. Por ello, CARE también impulsa una política nacional de Manejo Integral del Fuego que articule a los distintos niveles de gobierno con las comunidades indígenas y las instituciones técnicas.
Crear una FEMA en Satipo no resolverá por sí sola todos los problemas ambientales de la provincia, pero representaría un avance para reducir las barreras geográficas y fortalecer la investigación de los delitos ambientales. Junto con una política que priorice la prevención, la respuesta coordinada y la restauración, permitiría avanzar hacia una protección más efectiva de los bosques.
