Un mapeo territorial participativo revela la coexistencia de cultivos ilícitos, trochas ilegales, incendios forestales y otras amenazas que afectan gravemente a más de 30 comunidades nativas del río Ene, en la región Junín.
Un reciente diagnóstico participativo elaborado por nuestros Comités de Autodefensa y Desarrollo (CAD) de la Central Ashaninka del Río Ene (CARE) ha puesto en evidencia una grave superposición de amenazas territoriales y ambientales en la cuenca del río Ene. El estudio recoge testimonios directos de miembros de más de 30 comunidades nativas, reunidos en sesiones de la Escuela CARE durante septiembre de 2024.
El resultado es alarmante, muchas comunidades enfrentan de manera simultánea entre seis a siete tipos de amenazas, comprometiendo su seguridad, su territorio, recursos y modo de vida.
Cultivos ilícitos, invasiones y fuego: las amenazas más críticas
Entre las amenazas más recurrentes que identificamos están las actividades ilícitas vinculadas al narcotráfico, como el cultivo de coca, la existencia de pozas de maceración y rutas clandestinas que atraviesan nuestras tierras. Estas afectan a comunidades como Meantari, Quempiri, Catungo Quimpiri, Yaviro, Quimaropitari, Camantavishi, Parijaro, Potsotincani y Pampa Alegre.
Asimismo, hemos visto cómo se incrementan las invasiones de colonos en siete comunidades, y la apertura de trochas ilegales en zonas como Saniveni, Samanato, Boca Anapate y Potsoteni. La situación se agrava con la presencia de remanentes terroristas en comunidades como Meantari, Shaoriato, San Ene, Yaviro, Boca Pachiri y Marankiari.
A esto se suman graves impactos ambientales como incendios forestales en casi toda la cuenca, además de derrumbes, inundaciones, deforestación y pesca ilegal, reportada en al menos siete comunidades ribereñas.
“Estas amenazas no son abstractas; están en el camino, en el río, en el bosque”
Las comunidades de Meantari, Catungo Quimpiri, Camantavishi, Boca Anapate y Quempiri son las más golpeadas, al enfrentar seis o más amenazas simultáneas. Desde CARE, venimos advirtiendo que estas zonas requieren atención prioritaria en acciones de defensa territorial y articulación estatal.
“El mapa refleja lo que nuestras comunidades viven y observan cada día. Estas amenazas no son abstractas; están en el camino, en el río, en el bosque. Algunas se agravan por actividades ilegales, otras por el abandono del Estado”, expresó Ángel Pedro Valerio, presidente de CARE.
Impunidad e inacción del Estado
Hemos hecho llegar alertas y reportes a las autoridades, pero las respuestas del Estado han sido insuficientes o inexistentes. Denuncias por invasiones, tala ilegal, presencia de mochileros o pesca ilegal no son atendidas, bajo el argumento de que la zona se encuentra en estado de emergencia y es considerada “convulsionada”.
Esta falta de acción genera impunidad y vulnera sistemáticamente nuestros derechos colectivos como pueblo ashaninka.
Llamado urgente a las autoridades
Desde CARE instamos al Estado peruano a cumplir su rol como garante de derechos y seguridad en territorios indígenas. Es urgente fortalecer los sistemas de alerta temprana, implementar protocolos de respuesta entre instituciones y capacitarnos en herramientas tecnológicas que nos permitan monitorear y defender mejor nuestro territorio.
“Defender nuestros territorios no es solo una lucha indígena. Es clave para conservar la Amazonía. Desde CARE venimos fortaleciendo a nuestros defensores y lideres, pero el Estado nos deja solos cuando más lo necesitamos”, remarcó el presidente de CARE.
Finalmente, la asesora legal de CARE, Irupe Cañari Aragón, exhortó a todas las instituciones competentes:
“Hacemos un llamado urgente al Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, la Policía Nacional del Perú, el Ministerio de Justicia, el Ministerio del Interior, el Poder Judicial y la Presidencia del Consejo de Ministros para que actúen con urgencia en la cuenca del río Ene. No puede permitirse que el narcotráfico se fortalezca ni que la impunidad prevalezca bajo el pretexto del estado de emergencia”.
