Esta iniciativa impulsada por la congresista por Junín, Silvana Robles, busca garantizar una atención estatal con pertinencia cultural y abrir espacios reales de participación y liderazgo indígena dentro del aparato público.
Con el objetivo de fortalecer la participación indígena en la gestión pública y promover una atención estatal oportuna, directa y con pertinencia cultural, la Central Asháninka del Río Ene (CARE) muestra su respaldo al Proyecto de Ley N.º 7496/2023-CR, que propone la creación de Gerencias Regionales de Desarrollo de los Pueblos Indígenas u Originarios, y Afrodescendientes en los Gobiernos Regionales.
Esta iniciativa legislativa, presentada por la congresista Silvana Robles, recibió una opinión técnica favorable de CARE, organización que representa legítimamente a 45 comunidades asháninkas de la cuenca del río Ene. Con esta acción, CARE busca incidir de manera directa en la transformación de la estructura estatal, promoviendo una mayor inclusión y representación de los pueblos indígenas dentro del aparato público.
“No se trata solo de acercar el Estado a las comunidades, sino de hacer que los propios indígenas se conviertan en operadores del Estado desde su propia cosmovisión”, afirma Ángel Pedro Valerio, presidente de la CARE.
Un paso hacia la inclusión real en la gestión regional
La propuesta legislativa modifica la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales para incorporar una gerencia especializada en pueblos indígenas. Esta instancia no solo permitirá una atención diferenciada, sino que también se convertiría en un espacio de liderazgo indígena desde dentro del Estado.
Para CARE, la creación de estas gerencias permitirá que los pueblos indígenas no solo sean tratados como sujetos de derecho, sino también como agentes públicos con responsabilidad directa en la ejecución de políticas y programas orientados al buen vivir indígena.
Desde el Kametsa Asaike: participación con identidad
La opinión técnica elaborada por CARE parte de su agenda política “Kametsa Asaike”, vivir bien como verdaderos asháninkas, y subraya que la identidad indígena no es estática ni folklórica, sino que evoluciona con la modernidad sin perder su esencia. El documento resalta experiencias como el uso de tecnologías para la vigilancia territorial o el emprendimiento indígena sostenible como parte de una “indigenización de la modernidad”, que demuestra la capacidad de los pueblos originarios de liderar su propio desarrollo.
Hacia una estructura estatal verdaderamente intercultural
Las organizaciones indigenas de selva central han venido promoviendo la creación de gerencias de desarrollo de pueblos indígenas en municipalidades distritales y provinciales de Satipo, lo que ha permitido mejorar la atención estatal y fortalecer la representación indígena en el nivel local. Con el Proyecto de Ley 7496, se busca llevar ese avance al nivel regional, consolidando espacios dentro del Estado donde los pueblos indígenas puedan proponer, ejecutar y evaluar políticas públicas.
“Queremos formar parte del Estado, no solo como receptores de servicios, sino también como funcionarios indígenas responsables de garantizar derechos colectivos”, enfatiza Ángel Pedro Valerio, presidente de la CARE.
Una respuesta a siglos de exclusión
Desde su fundación republicana, el Estado peruano ha excluido sistemáticamente a los pueblos indígenas de su estructura política e institucional. CARE sostiene que iniciativas como esta ley corrigen una deuda histórica y abren paso a una forma más justa y plural de entender la nación.
La creación de estas gerencias regionales representaría una transformación institucional que permitiría no solo la gestión intercultural de los servicios públicos, sino también el fortalecimiento del autogobierno indígena en diálogo con el Estado.
Conclusión
Con el respaldo técnico y político de CARE, el Proyecto de Ley N.º 7496/2023-CR representa un avance fundamental hacia un Perú más inclusivo y respetuoso de su diversidad. La creación de Gerencias Regionales de Pueblos Indígenas permitiría saldar parte de la deuda histórica del Estado con los pueblos originarios, al tiempo que abriría espacios reales de poder y decisión en manos de quienes, por siglos, han sido marginados.
Estas transformaciones en la estructura del Estado no solo fortalecen la identidad étnica y cultural de los pueblos indígenas, sino que también conllevan una responsabilidad: al formar parte del aparato estatal, los pueblos indígenas asumen el compromiso de cumplir con las obligaciones públicas. Por ello, esta propuesta exige también que las y los indígenas estén cada vez más formados y preparados para asumir este reto con solvencia, liderazgo y visión intercultural.
