Miles de estudiantes enfrentan un inicio de clases sin condiciones adecuadas tras las recientes inundaciones. CARE exige respuestas urgentes de las UGEL y municipalidades del valle del Ene.
Más de 7000 estudiantes de las comunidades nativas del río Ene enfrentan un inicio del año escolar sin condiciones adecuadas. Según el monitoreo de nuestro Sistema de Alerta Temprana (SAT CARE), al menos siete instituciones educativas fueron afectadas por las lluvias y el desborde de ríos en las comunidades nativas del distrito de Río Tambo.
Estas escuelas pertenecen al ámbito de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) Río Ene Mantaro. Sin embargo, los efectos del evento natural también alcanzaron comunidades del margen izquierdo del río, bajo la jurisdicción de otras UGEL, ubicadas en los distritos de Pangoa y Mazamari. A pesar de la magnitud del daño, hasta el momento no hay intervenciones visibles por parte de las autoridades educativas.
Un distrito en emergencia sin respuestas concretas
El 19 de febrero, el distrito de Río Tambo fue declarado en Estado de Emergencia mediante el D.S. N° 021-2025-PCM, vigente hasta el 20 de abril de 2025, debido a las lluvias intensas que afectaron viviendas, caminos y escuelas. Sin embargo, la UGEL de la provincia de Satipo aún no toman medidas efectivas para asegurar que los estudiantes retomen sus clases en condiciones dignas.
Según la Resolución Ministerial N° 556-2024-MINEDU, el año escolar 2025 debe iniciar el 17 de marzo, y los directivos de las instituciones educativas tienen la obligación de garantizar:
- Espacios salubres, seguros y accesibles para todos los estudiantes, asegurando su mantenimiento antes del inicio de clases.
- Evaluaciones de riesgos para reportar incidentes y solicitar las acciones necesarias ante emergencias o desastres.
Pese a estas disposiciones, no hay un plan concreto para atender la emergencia en las escuelas de la cuenca del río Ene. Mientras tanto, la UGEL Atalaya reprogramó el inicio del año escolar hasta el 24 de marzo, para garantizar el bienestar de sus estudiantes. ¿Por qué las autoridades en nuestra jurisdicción no toman decisiones similares?
Autoridades sin respuesta ante una realidad crítica
Tanto las UGEL, como los gobiernos locales y el Gobierno Regional de Junín, tienen el deber de resguardar el derecho a la educación. La declaración de emergencia mediante el D.S. N° 021-2025-PCM otorga a los municipios facultades para reasignar recursos de manera inmediata y priorizar la atención en estas zonas.
CARE exige que estas instituciones actúen sin demora. No es posible que, mientras los estudiantes pierden días esenciales de aprendizaje, ninguna autoridad asuma su responsabilidad. La educación de nuestras niñas y niños no puede ser relegada ante la inacción estatal.
