La organización indígena CARE plantea que Satipo cuente con una Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA), ante la cantidad de casos vinculados a los recursos naturales y las dificultades que implica atenderlos desde La Merced.
La distancia también puede convertirse en una barrera para la justicia ambiental. Con esa preocupación, la Central Asháninka del Río Ene (CARE) ha puesto sobre la mesa la necesidad de crear una Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) en la ciudad de Satipo, provincia que concentra una importante actividad forestal y que alberga territorios indígenas, áreas naturales protegidas y ecosistemas sometidos a diversas presiones.
CARE formalizó este pedido ante la Fiscalía de la Nación mediante el Oficio N.º 0313-2026-P/CARE, con fecha del 18 de setiembre de 2026, dirigido al Fiscal de la Nación, Tomás Gálvez Villegas, solicitando la creación de una FEMA en Satipo.
Con la propuesta, se busca fortalecer la prevención, investigación y persecución de los delitos ambientales en una provincia de amplia extensión territorial y acercar la justicia ambiental a las comunidades indígenas de la cuenca del río Ene, donde CARE representa a 45 comunidades nativas.
El planteamiento está acompañado de información oficial que permite dimensionar la presión existente sobre los bosques y recursos naturales de la provincia.
Las cifras detrás del pedido
Los registros oficiales remitidos a CARE muestran pérdidas importantes de cobertura boscosa en los distritos de la provincia de Satipo. Según información del Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático del Ministerio del Ambiente (MINAM), durante un periodo de 24 años, Mazamari registró una pérdida de más de 13 mil hectáreas de bosque húmedo amazónico; Pangoa, más de 52 mil hectáreas; y Río Tambo, más de 67 mil hectáreas.
Para 2024, las cifras reportadas fueron de 578 hectáreas en Mazamari, 2226 en Pangoa y 2449 en Río Tambo. El propio MINAM advierte, sin embargo, que este monitoreo satelital no permite distinguir entre pérdida de bosque de origen natural y aquella causada por actividades humanas.
A ello se suma la información proporcionada por la Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre (ATFFS) Selva Central: entre 2021 y 2026 se registraron 116 procedimientos administrativos sancionadores en Satipo, mientras que la provincia aparece entre las zonas con mayor índice de actividades vinculadas a la tala ilegal y/o tráfico de productos forestales. En ese periodo también se reportó el decomiso de más de 553 mil pies tablares de madera, una medida utilizada para calcular su volumen.
El escenario adquiere una dimensión mayor por la presencia de áreas naturales protegidas. En la provincia se encuentran la Reserva Comunal Asháninka y el Parque Nacional Otishi, ambos vinculados al territorio y a la dinámica de las comunidades indígenas de la cuenca del Ene.
SERNANP reportó, por ejemplo, que durante el cuarto trimestre de 2025 se identificaron 7,18 hectáreas de deforestación de bosque primario en la Reserva Comunal Asháninka. En el Parque Nacional Otishi, la deforestación reportada para 2025 alcanzó 37,7 hectáreas. Los documentos oficiales también identifican como amenazas bajo vigilancia la expansión de actividades agrícolas, los incendios y la eventual apertura de caminos, pistas de aterrizaje y otras infraestructuras asociadas a actividades ilícitas.
Una Fiscalía más cerca del territorio
Para CARE, el problema no es solamente la existencia de delitos o infracciones ambientales, sino la capacidad del Estado para llegar oportunamente a los lugares donde estos ocurren.
La organización sostiene que la actual dependencia de la FEMA de Chanchamayo genera dificultades logísticas y de desplazamiento para realizar verificaciones en campo, especialmente en una provincia extensa y con comunidades ubicadas en zonas de difícil acceso. Por ello, plantea que una fiscalía especializada en Satipo permitiría fortalecer la prevención, investigación y persecución de los delitos ambientales, además de acercar la justicia a las poblaciones indígenas.
El planteamiento, además, encuentra respaldo en la propia información de OSINFOR. La entidad expresó su respaldo a la iniciativa de promover una FEMA en Satipo como una estrategia para fortalecer la gobernanza y el acceso a la justicia ambiental de las comunidades nativas de la cuenca del Ene.
El desafío: que la justicia llegue antes
La discusión que plantea CARE no se reduce, entonces, a crear una nueva oficina pública. En el fondo, pone en debate si la presencia de las instituciones encargadas de proteger los recursos naturales guarda proporción con la dimensión territorial y ambiental de Satipo.
La provincia reúne comunidades indígenas, bosques amazónicos y áreas naturales protegidas, pero también enfrenta presiones vinculadas a la pérdida de cobertura forestal, incendios, actividades extractivas ilegales y contaminación de fuentes de agua, según la documentación remitida por las entidades públicas.
Para CARE, contar con una FEMA en Satipo permitiría que las investigaciones ambientales se desarrollen con mayor cercanía al territorio y que las comunidades tengan un canal institucional más próximo para denunciar hechos que afecten sus bosques, ríos y otros recursos naturales.
