El crecimiento de economías ilícitas y redes de crimen transnacional está incrementando los riesgos para las personas defensoras del ambiente, en un contexto de limitada respuesta desde la agenda política.
En América Latina, la defensa del territorio y del ambiente se desarrolla en un contexto cada vez más complejo, marcado no solo por el avance de economías ilícitas, sino también por limitadas respuestas desde el ámbito político.
En los últimos años, se ha evidenciado un incremento de riesgos y amenazas hacia las personas defensoras del ambiente, asociado al avance de economías ilícitas, la expansión de actividades extractivas y las limitaciones del gobierno para garantizar mecanismos efectivos de protección.
Hace poco se desarrolló en la ciudad de Lima, el III Encuentro Regional de la Alianza Latinoamericana de Defensores y Defensoras del Territorio Indígena (ALADTI). Este encuentro permitió visibilizar estas dinámicas a partir de las experiencias de líderes y lideresas indígenas de distintos países de la región. Durante este espacio, compartimos preocupaciones comunes en torno al aumento de amenazas, la persistencia de la impunidad y los desafíos para garantizar entornos seguros para los defensores del ambiente.
Uno de los aspectos que genera mayor preocupación es el crecimiento sostenido de las economías ilícitas en territorios indígenas. En el caso del Perú, diversos análisis coinciden en que la minería ilegal se ha consolidado como una de las principales actividades ilícitas del país, impulsada, entre otros factores, por el incremento del precio del oro y la existencia de redes que operan a nivel transnacional. De acuerdo con el análisis de OjoPúblico señala que esta actividad genera miles de millones de dólares anuales y posiciona al país como uno de los principales puntos de origen del oro ilegal en América del Sur.
Este fenómeno no puede entenderse de manera aislada. Investigaciones de OjoPúblico advierten que estas economías se desarrollan a través de redes de crimen transnacional, en las que operan múltiples países, articulando cadenas ilegales de suministro que responden a una demanda global de recursos como el oro, la madera y otros productos. Esta presión internacional incrementa los riesgos sobre los territorios indígenas y sobre quienes los defienden.
Asimismo, se ha advertido que estas dinámicas se desarrollan en un contexto marcado por brechas estructurales, incluyendo limitaciones en la presencia estatal, desigualdades históricas y desafíos en el acceso a servicios básicos y justicia. Estas condiciones pueden facilitar la expansión de economías ilícitas y debilitar los mecanismos de protección para las comunidades, en un contexto donde la respuesta desde el ámbito político sigue siendo limitada.
Estas condiciones pueden facilitar la expansión de economías ilícitas y debilitar los mecanismos de protección para las comunidades, en un contexto donde la respuesta desde el ámbito político sigue siendo limitada. En el contexto electoral, diversos análisis sobre los recientes, incluyendo evaluaciones de organizaciones como OjoPúblico y Mongabay Latam, evidencian que los partidos políticos presentan propuestas insuficientes para enfrentar problemáticas como la minería ilegal, la deforestación y la protección de los pueblos indígenas. En muchos casos, estas agendas no ocupan un lugar prioritario o se abordan de manera superficial, sin plantear estrategias integrales ni medidas concretas desde el ámbito legislativo o desde el Ejecutivo. Desde CARE, también evidenciamos que ningún partido político establece propuestas claras para la Amazonía, lugar donde se agudiza el crecimiento exponencial de las economías ilícitas como es la minería ilegal y el narcotráfico, tan enraizados con el crimen transnacional. Muchos refieren derogar las leyes pro crimen, como si esto fuera la solución al problema estructural de fondo.
Esta falta de propuestas sólidas refleja una desconexión entre la agenda política y la magnitud de los desafíos que enfrenta la Amazonía, particularmente en relación con el avance del crimen transnacional y la crisis climática, lo que limita la capacidad del Estado para responder de manera efectiva a estos problemas.
En este escenario, resulta fundamental fortalecer los marcos normativos e instrumentos que permitan garantizar derechos, prevenir conflictos y asegurar la protección de las personas defensoras del ambiente.
En ese sentido, el Acuerdo de Escazú representa una herramienta clave a nivel regional. Este tratado establece disposiciones para el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales. De manera particular, su Artículo 9 reconoce la labor de las personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales y la necesidad de promover condiciones seguras para el ejercicio de su labor.
No obstante, su implementación en la región presenta avances diferenciados. En el caso del Perú, si bien este Acuerdo ha sido firmado, su ratificación continúa pendiente, y su discusión no ha ocupado un lugar central en el debate político reciente. Esta situación refleja los retos que aún existen para consolidar compromisos efectivos en materia de protección ambiental y de derechos humanos.
Desde CARE liderado por Ángel Pedro, consideramos que avanzar en la ratificación e implementación efectiva del Acuerdo de Escazú constituye una oportunidad estratégica para fortalecer la institucionalidad ambiental, promover la transparencia y garantizar la participación de los pueblos indígenas en los procesos de toma de decisiones. Asimismo, su adecuada implementación puede contribuir a generar condiciones más seguras para las personas defensoras.
De manera complementaria, resulta necesario impulsar medidas orientadas a enfrentar las economías ilícitas, incluyendo el fortalecimiento de mecanismos de trazabilidad en cadenas como la del oro, con el fin de mejorar la transparencia y reducir los vínculos con actividades ilegales. Este tipo de acciones requiere no solo esfuerzos a nivel nacional, sino también coordinación regional e internacional.
El encuentro de ALADTI ha puesto en evidencia que los pueblos indígenas continúan desempeñando un rol fundamental en la defensa del territorio y la protección del ambiente. A través de sus propuestas, mecanismos de articulación y estrategias de autoprotección, contribuyen activamente a la construcción de respuestas frente a los desafíos actuales.
Fortalecer la protección de quienes defienden el territorio no solo es una obligación en materia de derechos humanos, sino también una condición necesaria para avanzar hacia modelos de desarrollo más sostenibles, inclusivos y democráticos en la región.
