En el actual proceso electoral, persisten vacíos significativos en la incorporación de propuestas para pueblos indígenas, lo que plantea serios riesgos para sus territorios, derechos y la sostenibilidad de la Amazonía.
A pocos días de las elecciones generales en el Perú, más de 27 millones de peruanos acudirán a las urnas en medio de una prolongada crisis de gobernabilidad. En este escenario, una pregunta clave permanece sin respuesta: ¿qué proponen realmente los candidatos para los pueblos indígenas y la Amazonía?
La evidencia muestra una situación preocupante. De acuerdo con un análisis del Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP), que revisa 36 planes de gobierno, más de la mitad de las organizaciones políticas (54%) no menciona a los pueblos indígenas o lo hace de forma superficial, sin propuestas concretas. Pero el problema va más allá de la omisión.
En la práctica, el 100% de los planes refuerza, en distinta medida, un modelo extractivista, priorizando el aprovechamiento económico del territorio por encima de los derechos, la autonomía y la vida de los pueblos originarios.
Este patrón también se refleja en los principales candidatos. Un análisis periodístico de OjoPúblico evidencia que algunos candidatos, como Carlos Álvarez, no mencionan a los pueblos indígenas en sus propuestas. Otros candidatos con alta intención de voto, como Keiko Fujimori, Rafael López Aliaga, Roberto Sánchez y Alfonso López Chau, no plantean medidas claras para la protección de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial (PIACI), una de las poblaciones más vulnerables del país.
En temas clave como la titulación territorial, las propuestas también son insuficientes. Solo algunos candidatos, como Jorge Nieto, plantean metas ambiciosas, como alcanzar el 100% de titulación de comunidades al 2031, aunque sin detallar los mecanismos para lograrlo.
Las omisiones se agravan en contextos críticos. No existen propuestas claras para la remediación ambiental frente a los constantes derrames de petróleo que afectan a comunidades amazónicas. Tampoco se abordan de manera integral los impactos de la minería ilegal. Por el contrario, las candidaturas de Keiko Fujimori y López Chau plantean la continuidad del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), pese a que este mecanismo no ha demostrado resultados efectivos en casi una década.
Asimismo, temas fundamentales como la consulta previa vinculante, la protección de defensores indígenas, más de 30 asesinados desde 2013, y el reconocimiento de formas de autonomía territorial siguen siendo marginales o inexistentes en la mayoría de las propuestas.
Esta ausencia resulta aún más crítica si se considera que más de 6 millones de personas en el país se autoidentifican como indígenas. Sin embargo, sus demandas, derechos y territorios continúan fuera del centro del debate político.
El análisis también advierte riesgos concretos en las propuestas existentes. Proyectos de infraestructura y seguridad, como hidrovías, trenes o una mayor presencia militar en la Amazonía, son planteados sin garantizar salvaguardas para la autonomía territorial. Bajo discursos de desarrollo, se configuran escenarios que podrían profundizar el despojo y la conflictividad.
El resultado es claro: los pueblos indígenas no solo están siendo invisibilizados, sino que enfrentan un contexto en el que las decisiones políticas podrían incrementar la presión sobre sus territorios y debilitar sus derechos.
En este contexto electoral, no se trata únicamente de elegir autoridades, sino de definir el rumbo del país. Un rumbo que, hasta ahora, parece seguir dejando de lado a quienes han protegido históricamente la Amazonía.
Hoy, más que nunca, es urgente colocar en el centro del debate propuestas claras, viables y con enfoque de derechos, que garanticen la seguridad territorial, la libre determinación y la protección efectiva de los pueblos indígenas.
